¿Limites a la propiedad de las Viviendas Protegidas?

medium_123735260_8dd7dd2253.jpgHace un par de días, se ponía de manifiesto un debate que se está manteniendo en el Departamento de Vivienda sobre la propiedad de las Viviendas de Protección Oficial, y que viene también a dar respuesta a un creciente clamor social.

La enorme producción de Vivienda Protegida que se desarrolla en Euskadi (30% del mercado, frente al 10% en el resto del Estado) hace que este tipo de vivienda sea una respuesta a las necesidades de alojamiento de una parte cada vez más importante de la población. Tradicionalmente la Vivienda Protegida ha estado vinculada a los sectores más desfavorecidos, cuasi marginales en algunos casos, de la sociedad.

Sin embargo hoy por hoy la realidad es muy diferente, y cada vez más las clases medias se ven expulsadas del mercado libre y buscan en la Vivienda Protegida una solución. Sin embargo esto produce algunos efectos no deseados, ya que se empieza a producir una sensación de que hay un buen número de personas que pasado un tiempo desde que adquirieron su Vivienda Protegida, han mejorado sustancialmente su situación económica, y no parece justo ni razonable que sigan disfrutando de un bien que ha supuesto un importante esfuerzo para el conjunto de la sociedad.

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Hay quien plantea que, precisamente por este motivo, todas las viviendas Protegidas debieran ser en alquiler y nunca en propiedad. Entiendo el razonamiento, pero creo sinceramente que esto no es posible por varios motivos: en primer lugar porque eso requeriría una financiación inmensa por parte del erario público, y un endeudamiento brutal que no hay administración que pueda asumir, por muy volcada en lo social que se encuentre. Por otro lado, es cierto que hay muchas personas que ven en el alquiler una forma de vivir sin ataduras materiales, pero también es cierto que en la mayor parte de la población el alquiler genera inseguridad e incertidumbre, y contra esto es difícil luchar (ya se que se me dirá que en Europa predomina el alquiler, pero no es menos cierto que la tendencia general no es a mantener ese modelo, sino a un modelo en el que domina la propiedad)

Sin embargo hay otras figuras que podrían utilizarse para conseguir que una persona que adquiere una vivienda protegida, si ve sustancialmente mejorada su situación económica, revierta esa vivienda a la administración para que le preste el servicio a otra persona que realmente lo necesite.

El tema no es sencillo, pero es evidente que socialmente se empiezan a entender mal determinadas situaciones, y que habrá que hilar muy fino para conseguir el efecto deseado sin generar más problemas de los que ya hay. Seguiremos reflexionando, por lo que cualquier aportación será bienvenida, como siempre.

(La foto es de vanGilst)

ACTUALIZACION (14-07-06, 21:49) Fernando, atento como siempre, me envía una dirección donde puedes saber más cosas sobre las viviendas de la fotografía 

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3 comentarios sobre “¿Limites a la propiedad de las Viviendas Protegidas?

  1. En la política municipal de Getxo lo que hacemos es controlar los ingresos de los usuarios cada 5 años y si pasan de 1´5 veces el máximo permitido para una VPO tiene un plazo para irse de la vivienda, recomprándosela el Ayuntamiento

  2. Ya se lo he dicho alguna vez a Iñaki personalmente, pero aprovecho el tema y la conversación bloggera para repetirlo: el sistema que el Ayuntamiento de Getxo aplica en la adjudicación de viviendas en venta (en derecho de superficie), regulando la “salida” de aquellos usuarios que sobrepasan ampliamente (1,5 veces) las rentas “protegibles” parece, sobre el papel, un sistema muy bueno para evitar la sensación de “agravio comparativo” que expone Pablo, pero me temo que en la práctica sea muy difícil despojar de un domicilio a una familia por esta razón, si no tiene otra vivienda a donde pueda irse.

    Por eso me parece muy acertada la propuesta del Departamento de Vivienda. Aunque menos ambiciosa, creo que es más realista: toda unidad convivencial que, siendo adjudicatario de una VPO en alquiler o venta, haya adquirido otra vivienda en determinado ámbito territorial (ya sea en el mismo territorio histórico o en el conjunto de la Comunidad Autónoma) que le permita vivir de manera digna, debe restituir la VPO que ocupa para que cumpla realmente su finalidad social y para que los recursos públicos invertidos en su producción se destinen realmente a personas o familias que realmente lo necesiten.

    Es de justicia (social) y creo que cuanto antes se imponga este requisito más podremos insistir y defender con solidez que el sistema de protección social que proporciona la administración vasca en orden a garantizar el acceso a una vivienda digna es un sistema justo, equilibrado y solidario. Y también quitaremos la razón a los sectores más reaccionarios, que apoyándose en disfunciones del sistema (por lo que sé, excepciones a la regla general) intentan desprestigiar y eliminar los importantes avances sociales que supone este sistema de “mercado paralelo” de vivienda accesible.

    Me refiero a aquellos neoliberales que argumentan que puesto que en ocasiones se hace un mal uso de las viviendas sociales, se debe evitar su promoción y dejar al mercado para que sea éste el que solucione los problemas de vivienda de los ciudadanos. Este argumento, aplicado a otros sistemas de protección social lleva al absurdo de, por ejemplo, proponer que dado que Osakidetza también lo utilizan personas que no necesitan sus servicios porque tienen muchos recursos, habría que eliminar el sistema público de salud y privatizarlo entero. O lo mismo con el sistema público de educación. Como decía Bush, o sus alumnos más aventajados (Esperanza Agirre, y sus “peculiares” políticas de vivienda protegida), “lo mejor para evitar incendios es talar todos los bosques”.

    Lo que creo que hay que potenciar, y cuanta más vivienda protegida se proporcione a la sociedad con más ahínco, es la implantación de un control exhaustivo del fraude, inspección y mecanismos de sanción y expulsión del sistema y recuperación de viviendas para el fin al que realmente están destinadas. Retornar al circuito de protección social las viviendas mal utilizadas.

    Me consta que la administración (el Departamento de Vivienda del Gobierno Vasco, al menos) está haciendo grandes esfuerzos en este sentido. Me consta, también, que es de las pocas administraciones que lo hacen. Y me consta, por último, que los anteriores responsables políticos que han gestionado en los 20 años anteriores de autogobierno y competencia en la materia a 2002 este Departamento no lo han querido hacer con la intensidad que los actuales responsables están imprimiendo a esta actividad, bien por los importantes recursos que requiere, o bien por lo poco popular que pueden ser determinadas acciones de control, inspección y sanción. Pero cuando la cuota de VPO (el porcentaje de producción de vivienda protegida respecto al total de producción de vivienda) es del 30%, como en Euskadi, y se pretende que incluso sea mayor, una de dos, o regulamos y controlamos perfectamente el buen uso de estas viviendas, o estamos abocados al fracaso que supone, primero, el mal uso de las viviendas protegidas, y segundo, el desprestigio de esta necesaria protección al acceso a la vivienda.

    Por último, y para que pongamos las cosas en su sitio (porque como decía antes, hay mucha gente interesada en el desprestigio del sistema de protección social para favorecer sus propios intereses particulares), por los datos que conozco, el nivel de fraude o mal uso de las viviendas de VPO en Euskadi es mucho menor que el de otras comunidades autónomas. No en vano en nuestra comunidad existen procedimientos de adjudicación y de control inexistentes en otros sitios (adjudicación por sorteo, venta en derecho de superficie, tanteo y retracto que se ejecuta en todas las segundas y posteriores transmisiones, y, sobre todo, CALIFICACIÓN PERMANENTE: nadie se puede lucrar, como en otros lugares, por la venta posterior de una VPO, sino que una VPO lo es durante toda su vida). Algunas de estas medidas son inauditas en el resto de las administraciones locales y autonómicas del estado. Siempre podrán quedar resquicios para el mal uso, la picaresca o el fraude, pero lo que nadie puede decir es que aquí, en Euskadi, no estamos haciendo nada para impedirlo. Aunque todavía nos queden cosas por hacer, claro. En ello estamos.

  3. Me parece interesante lo que comenta Iñaki, aunque no se si es el modelo por el que yo me decantaría.

    En todo caso, creo que es importante que haya experiencias de este tipo y que se hable de ello hasta dar con alguna fórmula viable.

    Como siempre, muy acertadas las reflexiones de Fernando, con el que no puedo estar más de acuerdo.

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